Rafael Hernández es uno de los estudiantes asesinados durante diversas protestas

Observatorio de Universidades teme que pueda aumentar el número de estudiantes asesinados en protestas

 

Foto: La Mañana Digital

A Rafael Hernández lo asesinaron por exigir el derecho a tener servicios públicos que funcionen. La noche del pasado 4 de mayo, un grupo de vecinos se concentraron en la avenida Las Américas en el sector el Campito del municipio Libertador del estado Mérida, en protesta por los prolongados y reiterados cortes eléctricos. Hernández era uno de ellos.

Unos hombres, que circulaban en una camioneta sin placas como las que usa el gobierno, dispararon en contra de los manifestantes y huyeron en el mismo vehículo. El joven Hernández cayó al pavimento tras recibir varios impactos de bala. Sus vecinos lo llevaron a un centro de salud, pero ya no tenía signos vitales cuando llegó. No hay responsables del hecho y todo apunta a que se trata de civiles armados afectos al oficialismo.

Horas antes del asesinato de Hernández, en una página web de propaganda oficial, el “protector” del estado Mérida Jheyson Guzmán, en compañía del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral, el militar Danny Ferrer, hicieron un llamado a las “brigadas de paz”, milicianos y a los miembros de las “unidades de batalla Bolívar Chávez” a “estar activas en sus puntos de encuentro” en defensa de la revolución.

Era estudiante de ingeniería

 

Rafael Hernández tenía 23 años de edad y cursaba ingeniería en la Universidad de Los Andes (ULA). Él es uno de los muchos estudiantes venezolanos que en los últimos años fueron asesinados en defensa del derecho a tener una vida digna y a vivir en una sociedad más justa y democrática. Su muerte se produjo en un contexto de pobreza que languidece la existencia de millones de venezolanos, situación agravada por el confinamiento debido a la pandemia. De hecho, Hernández murió fuera del horario permitido por el gobierno nacional para estar en la calle. Sus asesinos tampoco atendieron el llamado a la cuarentena.

Para la socióloga Yelena Salazar, vocera del Observatorio de Universidades (OBU), el gobierno central ha impulsado una política de miedo con la excusa de la pandemia para confinar a los ciudadanos. “Ante la incapacidad de atender las más mínimas exigencias para vivir decentemente, el gobierno aplica el manido discurso del enemigo externo que fomenta el caos para atacar la revolución. ¿Era necesario acabar con la vida de ese muchacho? Si la protesta fue en la noche, ciertamente un horario fuera del permitido para circular en la calle por la cuarentena, ¿había que disparar contra los que estaban fuera de sus casas? Esa gente estaba protestando por las fallas en los servicios públicos, no eran terroristas. Esta crisis se ha agudizado, creemos que puede haber más jóvenes asesinados, universitarios o no”, dijo la representante de OBU.

Salazar afirma que la crisis ha mermado las fuerzas de la sociedad y eso influye en la intensidad de las protestas, que ha sido menor que en años anteriores. “Hemos visto que en la medida en que la gente tiene que buscar los medios para subsistir, ha disminuido su capacidad de respuesta ante las fallas de servicios básicos. Es una paradoja que tiene su fundamento en la represión y el hambre para controlar a la gente».

El gobierno ha desarticulado progresivamente las instancias de participación ciudadana, eso trae como consecuencia una cantidad de presos políticos y la escasa organización social. Los propios diputados de la Asamblea Nacional son blanco de ataques, varios están detenidos acusados de conspiración. La gente interpreta eso no como la tal conspiración sino como mensaje de escarnio para quienes se atrevan a disentir. A eso se agrega la cantidad de jóvenes que han tenido que huir del país en busca de oportunidades que aquí no tienen”, dice la vocera del OBU.

En 2017, cuando arreciaron las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro luego de que este convocara a una constituyente para anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, varios fueron los estudiantes caídos a manos de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares llamados “colectivos”. Según la fiscal Luisa Ortega Díaz, ese año murieron 26 estudiantes, unos universitarios otros de bachillerato u otros estaban recién graduados como profesionales. Tras cuatro meses de manifestaciones y hasta el 27 de julio de ese año, según Ortega, quien se declaró en rebeldía, fueron asesinadas 121 personas.

Estudiantes asesinados registrados por el OBU

 

En la lista de los estudiantes que perdieron la vida en 2017, tanto los asesinados como los que murieron por accidentes tratando de esquivar barricadas, están Juan Pablo Pernalete, de 20 años, que cursaba la carrera de Contaduría Pública; David José Vallenilla (23), estudiante de Enfermería; Daniel Alejandro Queliz Araca (19); Paul Moreno (24), estudiante de Medicina y miembro de la Cruz Roja en el estado Zulia; Daniel Rodríguez (16), de la Universidad Católica del Táchira y Augusto Sergio Pugas Velásquez (22), alumno de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar. En las protestas de 2014 fueron asesinados John Barreto (21), de la Universidad Nacional Experimental del Táchira; Alejandro García (22) y José Frías (20), ambos de la ULA Mérida.

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