¿Por qué no tiene sustento legal una imposición de autoridades en la UCLA?

 

UCLA
Sede del rectorado de la UCLA. Foto tomada de Noticias Barquisimeto

 

La insistencia de voceros oficialistas que piden públicamente al Ministerio de Educación Universitaria la designación de autoridades en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) no tiene soporte constitucional ni legal.

La rogativa al Gobierno central, que circula en las redes sociales y correos electrónicos de profesores, trabajadores y estudiantes, es una campanada de la inminente imposición del rector y demás autoridades por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU), cuya mayoría -que no fue electa democráticamente- controla el oficialismo.

Sin elecciones ni respaldo de la comunidad universitaria, en un contexto de vulnerabilidad institucional y falta de recursos para sostener a la universidad, llega esta solicitud de una intervención a la UCLA.

Estos voceros piden y se proponen públicamente para que se les designe como autoridades, aupando que se imponga la voluntad del poder oficial, lo que daría al traste con lo conquistado en materia de democratización, elecciones internas y autonomía administrativa, según lo establecido en la Constitución de la República, la Ley de Universidades y el reglamento general de esta institución académica.

Para que se produzca la medida excepcional de designación de autoridades en la UCLA por parte del CNU, según lo establecido en el artículo 20, numeral 14 de la Ley de Universidades, tendría que haber un proceso administrativo sancionatorio en contra de las actuales autoridades y ello no ha ocurrido.

No ha habido remoción de autoridades por algún hecho irregular en la administración de la universidad. Tampoco se han realizado elecciones en las que no haya participado el porcentaje establecido en el reglamento general de la UCLA ni ha sido invalidado ninguno de los procesos de escogencia de autoridades.

El reglamento de la UCLA (aprobado por el decreto de la Presidencia de la República N° 2.526 del año 1992) consagra en su artículo 16 que, en caso de falta absoluta del rector o de las otras autoridades, se debe proceder a la elección de los sustitutos, pero una medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohíbe hacer cualquier elección. Por ello el carácter de encargada de la profesora Nelly Velásquez en el ejercicio de la función de rectora hasta su renuncia producida en septiembre pasado, luego de más de 15 años como autoridad de la UCLA.

Además, el CNU no tiene la competencia para designar autoridades en la UCLA en el caso de faltas absolutas de alguna de ellas. El artículo 20, numeral 15 de la Ley de Universidades establece que esta atribución del CNU solo aplica para las universidades nacionales no experimentales, es decir, las autónomas, que no es el caso de la UCLA.

¿Por qué han durado tanto en el cargo las autoridades?

 

Tras un lapso de 16 años de elección continua de autoridades para períodos de cuatro años, el último proceso de escogencia de quienes llevarían las riendas de la UCLA se dio en 2006, en el que resultó reelecto Francesco Leone como rector.

Leone y el resto de autoridades que le acompañaban debían culminar su gestión en 2010 y entregar el mando a las autoridades que debieron ser electas el 5 de mayo de 2010. No  ocurrió así, ya que el 4 de mayo de 2010 el TSJ ordenó, a través de su Sala Electoral, que se suspendiera el acto de votaciones pautado para el día siguiente y que las autoridades (electas en 2006) se mantuvieran en sus cargos hasta nuevo aviso.

Posteriormente, la Sala Constitucional del mismo TSJ mantuvo la suspensión de la Sala Electoral de cualquier elección de autoridades universitarias (escogidas de manera democrática y ajustada a la Constitución de la República, como ocurría en las universidades autónomas y experimentales que habían alcanzado la democratización) mediante una medida cautelar, aún vigente, so pena de incurrir en desacato.

Ello explica por qué se han mantenido en sus cargos las autoridades escogidas en 2006, aunque desde esas disposiciones del TSJ haya ocurrido la muerte del rector Leone y las renuncias del secretario, en enero de 2015, y de la vicerrectora académica, en septiembre de 2021.

Francesco Leone murió en 2017, y atendiendo a lo establecido en el artículo 9 del reglamento general de la UCLA, que fundamenta la competencia del Consejo Universitario como máxima autoridad académica y administrativa, este procedió de acuerdo con sus atribuciones a designar a la profesora Nelly Velásquez, vicerrectora académica, para que supla la ausencia del rector en condición de encargada.

Como corresponde en derecho, existe un orden de sustitución. Es decir, los entes públicos no pueden quedar sin representación legal, por lo que, pasado el tiempo, de acuerdo con el reglamento general de la UCLA, el Consejo Universitario procedió a designar recientemente al vicerrector administrativo, profesor Edgar Alvarado Ramírez, como tector (e), tras el permiso y posterior renuncia de la profesora Velázquez.

Hace varios años, ante la renuncia de Francisco Ugel Garrido, el Consejo Universitario designó en condición de encargado de la secretaría al profesor Edgar José Rodríguez León para ocupar el cargo vacante. La Ley de Universidades establece quién sustituirá al rector y los vicerrectores, pero no dice quién hará lo propio en el caso de ausencia del secretario.

Por ello, la decisión del Consejo Universitario también estuvo apegada a lo contemplado en su reglamento interno. De la designación del profesor Rodríguez han transcurrido seis años y al igual que el resto de autoridades, se espera por un proceso de elecciones democráticas para que nuevos nombres lleven las riendas de la universidad.

Aunque debilitada y en medio de la pandemia, la UCLA sigue activa

La larga lucha de la Asociación de Profesores de la UCLA (APUCLA), en la cual coincidieron algunos de los que hoy piden que se les designe a dedo, y los avances que en materia de descentralización se habían logrado en Venezuela a finales de los años 80, permitieron que en 1990, por vez primera la UCLA escogiera a su rector.

En 1994, la comunidad uclaista logró la aprobación de un reglamento que permitió la elección del rector, los vicerrectores académico y administrativo, el secretario y los decanos de la universidad. Es un hito trascendente en la historia de la UCLA, pero que también representa una conquista de largo aliento para la universidad venezolana, que ha debido soportar las embestidas de varios gobiernos autoritarios desde el siglo XIX.

Aun con las limitaciones por la pandemia y de la falta de recursos, la UCLA ha logrado la prosecución académica. Desde 2010, cuando debieron producirse elecciones de autoridades como lo establece el reglamento de la universidad, se han graduado 12.600 estudiantes de pregrado, 500 de los cuales se recibieron como profesionales en el contexto de la pandemia; 2.367 han egresado de los posgrados, 95 de ellos durante la cuarentena. Ha sido así a pesar de la asfixia presupuestaria y de la pauperización salarial de profesores y trabajadores.

La infraestructura de la UCLA está seriamente afectada por falta de mantenimiento. Requiere de recursos financieros que desde hace años no envía el Ministerio de Educación Universitaria. En lo que va de 2021, solo se han recibido Bs 34.7 millones (7 % de lo solicitado para el año).

Un profesor universitario en el mayor escalafón (titular) con dedicación exclusiva no llega a 11 dólares de salario mensual y el resto de trabajadores promedia entre los 7 y 8 dórales al mes, Además, han perdido los beneficios de seguridad social y sanitaria para tener una vida digna.

Los decanatos de Agronomía y Veterinaria son azotados constantemente por el hampa, sin contar las invasiones en la hacienda El Torrellero y el Instituto de la Uva. Es una realidad que se perdieron las providencias estudiantiles de comedor y transporte, por lo que es un acto de insensatez, en medio de la fragilidad institucional de la universidad venezolana, señalar como responsables de estos males a unas autoridades que desde 2010 por mandato del máximo tribunal del país están obligadas a permanecer en sus cargos.

Es evidente la necesidad de sustituir las autoridades por elección y no por designación, hecho que hasta el propio TSJ indicó en sus sentencias al ordenar a las actuales autoridades de la UCLA a permanecer en sus cargos hasta que resulten electas las nuevas autoridades.

El Observatorio de Universidades advierte una nueva amenaza a la autonomía universitaria y a la democracia. La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado es un referente nacional con un capital moral y científico innegable. Arrebatar lo que su comunidad ha alcanzado en sus casi 60 años de existencia es una afrenta a la universidad y al estado social y de derecho en Venezuela.

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3 respuestas a “¿Por qué no tiene sustento legal una imposición de autoridades en la UCLA?”

  • Lo que sugiero es obviar la prohibición del TSJ y organizar elecciones de autoridades por nuestra propia cuenta , eligiendo a autoridades en un proceso inédito en el que se manifestará nuestra voluntad e independencia , autonomía y dignidad . Autoridades que sean universitarios a carta cabal, aptos para los cargos, con credenciales y el rango académico que se requiere, cultos ,con ética y valores intachables , sean de la tendencia política que sean ,pero elegidos por la comunidad universitaria .

  • «Es bueno precisar la verdad de la legalidad y legitimidad de las autoridades universitarias hoy en día.
    Es cierto hasta el año 2010, o cuando más hasta el 2012 (en el caso de la UCV), las autoridades estaban en sus cargos habiendo sido electas de acuerdo a lo pautado por la Ley de Universidades en el aspecto electoral, la cual sólo permitía el voto de los profesores con plenitud de derechos políticos y de los estudiantes con un voto “minusválido”, ya que sus votos equivalían a un 25% del voto profesoral. Sin embargo, en las elecciones de autoridades, según la LU, en su artículo 30 no podían votar los profesores contratados, ni los que, aun siendo ordinarios, sólo habían obtenido la categoría de instructores. Y por supuesto mucho menos podían hacer uso del voto los empleados administrativos ni el personal obrero. Así era la democracia universitaria.
    Ahora, a partir del año 2009, con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación por la soberana Asamblea Nacional, se corrigió la violación al derecho al voto de esa parte de la comunidad universitaria a esa negación al uso de su derecho al sufragio. Y es así como el artículo 34.3 establece taxativamente: “En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante…..Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento”.
    En tal sentido, todas las universidades pertenecientes a la AVERUO convocaron elecciones desconociendo lo pautado en la LOE, no incorporando en sus respectivos padrones electorales al personal administrativo, obrero, estudiantes e instructores, ni reformaron sus respectivos reglamentos para posibilitarlo, por lo que, ante las impugnaciones recibidas, la Sala Electoral del TSJ suspendió todos los procesos convocados ilegalmente, dejando en sus cargos a las autoridades a las que se les había vencido el periodo para el que fueron electas, en calidad de transitoriedad. O sea, La UCV, UC, ULA, LUZ, UDO (las no experimentales) y las experimentales que eligen autoridades como la UNET, UCLA, USB, UNA, UNEXPO y UPEL no realizan elecciones desde hace años y todas las autoridades tienen sus periodos vencidos, habiendo violado de manera intencional y contumaz el derecho al voto de gran parte de sus comunidades universitarias.
    Esta fue la argumentación del TSJ al suspender las elecciones de la UCLA, pero fue jurisprudencia para el resto: “CON LUGAR los recursos contenciosos electorales ejercidos, contra la Comisión Electoral Central y el Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” por: “…excluir a los profesores instructores, a los miembros del personal docente especial contratado, al personal administrativo, al personal obrero, a los representantes de los egresados y egresadas de acuerdo al Reglamento que debe regir para su participación como electores para elegir a las autoridades de la universidad, y a los estudiantes en su totalidad por el no reconocimiento de su derecho para el ejercicio pleno de los derechos políticos y en igualdad de condiciones con todos los participantes en estos comicios…”, ello, respecto al proceso electoral destinado a la escogencia de las autoridades, período 2010-2014, pautado para el día 5 de mayo de 2010”.
    En definitiva, todas las autoridades de las universidades públicas y privadas en Venezuela hoy por son designadas. Ninguna ha sido electa para los años en que están ejerciendo sus funciones desde el vencimiento del lapso correspondiente.
    Y reiteramos entonces: TODAS LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, SIN EXCEPCIÓN SON DESIGNADAS, unas como aquellas que fueron anteriormente electas, hoy están designadas por el TSJ que las dejó en sus cargos como autoridades transitorias. Las autoridades de las universidades mal llamadas “oficialistas”, es decir, las pertenecientes a la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL) son designadas directamente por el gobierno nacional, a través de del Ministerio de Educación Universitaria y las autoridades de las universidades de gestión privada, son designadas por sus accionistas».
    Las universidades pertenecientes a la AVERUO (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios Oposicionistas) y a la FAPUVO (Federación de Profesores Universitarios Oposicionistas) funcionan como carteles academicistas cuyo propósito fundamental es oponerse a cualquier política universitaria que provengo del gobierno bolivariano, utilizando todos los medios disponibles (legales o ilegales).
    Ello hace que el estado nacional, a través de los órganos respectivos como el Ministerio de Educación Universitaria, el Consejo Nacional de Universidades y el Tribunal Supremo de Justicia, hagan prevalecer la legalidad y la institucionalidad universitaria para proceder entonces a un rescate integral del subsector universitario y hacer de la universidades las instituciones educativas que requiere la Patria y por ende, el pueblo venezolano, sobre todo en circunstancias tan adversas como las que confronta hoy la sociedad venezolana». https://www.aporrea.org/educacion/a306565.html

  • Sin embargo, es bueno precisar la verdad de la legalidad y legitimidad de las autoridades universitarias hoy en día.
    Es cierto hasta el año 2010, o cuando más hasta el 2012 (en el caso de la UCV), las autoridades estaban en sus cargos habiendo sido electas de acuerdo a lo pautado por la Ley de Universidades en el aspecto electoral, la cual sólo permitía el voto de los profesores con plenitud de derechos políticos y de los estudiantes con un voto “minusválido”, ya que sus votos equivalían a un 25% del voto profesoral. Sin embargo, en las elecciones de autoridades, según la LU, en su artículo 30 no podían votar los profesores contratados, ni los que, aun siendo ordinarios, sólo habían obtenido la categoría de instructores. Y por supuesto mucho menos podían hacer uso del voto los empleados administrativos ni el personal obrero. Así era la democracia universitaria.

    Ahora, a partir del año 2009, con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación por la soberana Asamblea Nacional, se corrigió la violación al derecho al voto de esa parte de la comunidad universitaria a esa negación al uso de su derecho al sufragio. Y es así como el artículo 34.3 establece taxativamente: “En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante…..Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento”.

    En tal sentido, todas las universidades pertenecientes a la AVERUO convocaron elecciones desconociendo lo pautado en la LOE, no incorporando en sus respectivos padrones electorales al personal administrativo, obrero, estudiantes e instructores, ni reformaron sus respectivos reglamentos para posibilitarlo, por lo que, ante las impugnaciones recibidas, la Sala Electoral del TSJ suspendió todos los procesos convocados ilegalmente, dejando en sus cargos a las autoridades a las que se les había vencido el periodo para el que fueron electas, en calidad de transitoriedad. O sea, La UCV, UC, ULA, LUZ, UDO (las no experimentales) y las experimentales que eligen autoridades como la UNET, UCLA, USB, UNA, UNEXPO y UPEL no realizan elecciones desde hace años y todas las autoridades tienen sus periodos vencidos, habiendo violado de manera intencional y contumaz el derecho al voto de gran parte de sus comunidades universitarias.

    Esta fue la argumentación del TSJ al suspender las elecciones de la UCLA, pero fue jurisprudencia para el resto: “CON LUGAR los recursos contenciosos electorales ejercidos, contra la Comisión Electoral Central y el Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” por: “…excluir a los profesores instructores, a los miembros del personal docente especial contratado, al personal administrativo, al personal obrero, a los representantes de los egresados y egresadas de acuerdo al Reglamento que debe regir para su participación como electores para elegir a las autoridades de la universidad, y a los estudiantes en su totalidad por el no reconocimiento de su derecho para el ejercicio pleno de los derechos políticos y en igualdad de condiciones con todos los participantes en estos comicios…”, ello, respecto al proceso electoral destinado a la escogencia de las autoridades, período 2010-2014, pautado para el día 5 de mayo de 2010”.

    En definitiva, todas las autoridades de las universidades públicas y privadas en Venezuela hoy por son designadas. Ninguna ha sido electa para los años en que están ejerciendo sus funciones desde el vencimiento del lapso correspondiente.

    Y reiteramos entonces: TODAS LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS, SIN EXCEPCIÓN SON DESIGNADAS, unas como aquellas que fueron anteriormente electas, hoy están designadas por el TSJ que las dejó en sus cargos como autoridades transitorias. Las autoridades de las universidades mal llamadas “oficialistas”, es decir, las pertenecientes a la Asociación de Rectores Bolivarianos (ARBOL) son designadas directamente por el gobierno nacional, a través de del Ministerio de Educación Universitaria y las autoridades de las universidades de gestión privada, son designadas por sus accionistas.

    Las universidades pertenecientes a la AVERUO (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios Oposicionistas) y a la FAPUVO (Federación de Profesores Universitarios Oposicionistas) funcionan como carteles academicistas cuyo propósito fundamental es oponerse a cualquier política universitaria que provengo del gobierno bolivariano, utilizando todos los medios disponibles (legales o ilegales).

    Ello hace que el estado nacional, a través de los órganos respectivos como el Ministerio de Educación Universitaria, el Consejo Nacional de Universidades y el Tribunal Supremo de Justicia, hagan prevalecer la legalidad y la institucionalidad universitaria para proceder entonces a un rescate integral del subsector universitario y hacer de la universidades las instituciones educativas que requiere la Patria y por ende, el pueblo venezolano, sobre todo en circunstancias tan adversas como las que confronta hoy la sociedad venezolana. https://www.aporrea.org/educacion/a306565.html

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